Se filtró el documento firmado en 1994 entre autoridades de Nealtican y representantes del gobierno estatal, donde se establecieron los términos para permitir el traslado de agua del municipio hacia Puebla capital.
El acuerdo, hasta ahora mantenido fuera del debate público, revela que las autoridades de ese momento aceptaron la extracción del recurso a cambio de la liberación de pobladores detenidos durante conflictos por la defensa del agua.
El convenio incluye compromisos claros: revisiones anuales de los pozos, estudios técnicos permanentes y la obligación de mantener informada a la comunidad sobre el estado del acuífero.
Sin embargo, en más de tres décadas no se realizaron inspecciones constantes, ni se presentaron reportes públicos sobre el cumplimiento de esas condiciones. Hoy, los pozos muestran abandono evidente, con bajos niveles de agua y acumulación de tierra.
A pesar de las recientes declaraciones que afirman que el convenio ya venció, el documento no establece una vigencia de 30 años ni menciona cláusulas de expiración.
La población cuestiona por qué se mantuvo oculto este documento durante tanto tiempo y por qué las administraciones pasadas no defendieron los intereses del pueblo.
La filtración ha encendido el debate en Nealtican. Vecinos exigen claridad, transparencia y responsabilidad de quienes han ocupado cargos públicos.
El acuerdo, ahora de dominio ciudadano, muestra que el control sobre el agua se entregó bajo condiciones que nunca se cumplieron, mientras la comunidad quedó al margen de las decisiones.
