- Los argumentos del recurso de inconformidad se declararon inoperantes e infundados
Por unanimidad de votos, el Consejo Universitario de la BUAP aprobó el dictamen de la Comisión de Legislación que solicitó a este órgano de gobierno declarar procedente la decisión de la Comisión de Auscultación de no emitir Carta de Idoneidad a uno de los aspirantes por la titularidad de la Rectoría de la BUAP, periodo 2025-2029.
Así, el Consejo Universitario desechó el recurso de inconformidad 01/25, promovido el 28 de agosto por uno de los aspirantes a dicho proceso electoral, al no obtener la Carta de Idoneidad para contender en esta jornada.
Al respecto, la Comisión de Legislación dictaminó como improcedente dicho recurso ya que los argumentos allí planteados son inoperantes e infundados, además de que el aspirante que promovió dicho recurso no tiene el nombramiento de investigador titular definitivo tiempo completo -como lo establece la convocatoria correspondiente-, ni presentó escrito de no ser funcionario público, ni dirigente de algún partido político, ni ministro de algún culto religioso.
Ante ello y derivado de las manifestaciones de los consejeros universitarios, se acordó también que este caso se turne a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario.
En la XI Reunión Ordinaria y Décima Sesión Extraordinaria del Máximo Órgano de Gobierno de la institución, tras un receso para el análisis del caso, la presidenta de la Comisión de Legislación Universitaria y directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez, explicó que para desahogar los agravios se propusieron dos mesas de trabajo para examinar tres documentos presentados por el “recurrente” (nombrado así por la protección de datos personales).
La citada inconformidad se interpuso mediante correo electrónico por el “recurrente”, quien refutó la decisión de la Comisión de Auscultación. Ante ello, se acordó establecer una sesión permanente y se designó a la Comisión de Legislación Universitaria para analizar este recurso, con el acompañamiento de la titular de la Oficina de la Abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez.
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